El Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin aceptar la resolución de la Comisión Europea que considera ilegal la prórroga que concedió en el año 2000 el Gobierno de José María Aznar a la empresa concesionaria de la AP-9. Se trata de la quinta autopista de titularidad pública más transitada de España, recorre el eje atlántico de Galicia desde Ferrol hasta la frontera portuguesa y sigue siendo de pago pese a la inexistencia de una alternativa real gratuita y a que su construcción ya fue amortizada hace años.
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