Con esta normativa, la negativa a mantener relaciones sexuales ya no podrá usarse como argumento legal en procedimientos de divorcio, y el consentimiento se refuerza como principio esencial en las relaciones entre cónyuges. La medida surgió tras la conmoción social provocada por el caso de Gisèle Pelicot, víctima de violaciones organizadas por su esposo, que evidenció la necesidad de revisar el marco legal para asegurar la libertad y la seguridad en el ámbito conyugal.
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