El Gobierno central ha decidido recuperar los 33 pisos que hasta ahora tenían derecho a disfrutar los miembros de la judicatura en el País Vasco. Se trata de una serie de viviendas repartidas en ocho localidades vascas que fueron puestas a disposición de jueces, fiscales y secretarios judiciales en la década de los ochenta. La finalidad de estos pisos era evitar la fuga de profesionales por culpa de los atentados de ETA, que convirtió a los miembros de la judicatura en uno de sus objetivos terroristas.
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