El Gobierno ultima un decreto que reforzará la ley obliga a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a delimitar zonas de bajas emisiones (ZBE), algo que desde se hizo efectiva en 2023 han cumplido una minoría de ayuntamientos. Casi un año después no llegaban a la veintena y ahora son solo alrededor de un tercio de las casi 150 ciudades que deberían crearla.
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