El Ministerio de Transportes adjudicó la El supervisión de las vías de la red de alta velocidad a una empresa que está participada por el propio fabricante de los carriles. La vinculación apunta a un conflicto de intereses y cuestiona el último giro argumental del Gobierno de Pedro Sánchez, que intenta ahora desplazar la responsabilidad de la tragedia al proveedor del acero colocado en la infraestructura.
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