Un informe técnico de la Consejería de Economía y Hacienda de Cantabria advirtió de que los 216 millones de euros -que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) elevó posteriormente otros 40 millones de euros más- para privatizar servicios sanitarios con el hospital religioso Santa Clotilde de Santander tendrá repercusión en “todo el sector público” de la comunidad “para los próximos ejercicios presupuestarios”.
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