Cada vez que un gobierno plantea poner límites al poder de las grandes plataformas digitales ocurre lo mismo: los dueños de esas plataformas gritan “censura”, “autoritarismo” y “ataque a la libertad”. No falla. Ha pasado en Francia, en Australia y ahora en España, tras el anuncio de Pedro Sánchez de endurecer la legislación contra la desinformación, la manipulación algorítmica y el acceso de menores a redes sociales, incluyendo la posible responsabilidad penal de los CEO que miren hacia otro lado mientras sus plataformas amplifican contenidos..
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