La defensa de Alberto González Amador entiende que esta nueva ramificación del caso es incompatible con su imputación por fraude fiscal: si los cientos de miles de euros que obtuvo de esa empresa responden a algo ilegal, explica el empresario, no son cantidades por las que deba pagar impuestos y, por tanto, sus deudas fiscales quedarían por debajo del umbral del delito.
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