El exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno en funciones y del Partido Popular, Mariano Rajoy,

Francesc Colomer ha estado menos de un mes como presidente de Les Corts, pero ha tenido tiempo suficiente para tomar decisiones, algunas sorprendentes. El acuerdo aprobado por la Mesa, formada por representantes de PSPV-PSOE, Compromís, Podemos, Ciudadanos y PP, permitirá renovar equipamiento de la oficina móvil para los diputados de Les Corts. En concreto podrán disfrutar de teléfonos móviles de alta gama como son los iPhone 6. Les Corts comprará 99 smartphones del famoso modelo de Apple con un precio valorado en 64.000 euros.

El rechazo del Gobierno a contestar preguntas de los diputados, las ausencias del pleno y su actitud bronca convierten a los populares en rebeldes.

"Cuando dije que no firmaría la oferta del banco, porque quería estudiarla con FACUA, amenazaron con llamar a seguridad", denuncia un socio de la organización. "El director de la entidad había intentado convencerme de que renunciase a reclamar los 15.000 euros que me habían cobrado de más con la cláusula suelo a cambio de aceptar la tercera parte, que ni siquiera me entregarían en metálico, y reducirme los intereses a partir de ahora. Felicidades, hemos decidido invertir en usted, pero esto debe ser confidencial, me dijo"

Esta decisión se produce después de que este organismo acusara al director general de Emergencias del actual Govern de Baleares de encabezar una trama de corrupción urbanística en Campos desde 2015. Las investigaciones en marcha se remitirán a la Inspección General, dependiente del Govern, que enviará los expedientes "al órgano que considere".

La entrada en vigor de la ley impulsada por el Gobierno para convertir en aforado a Juan Carlos de Borbón ha tenido su primera consecuencia. Según cuenta el diario El Mundo, el procedimiento relativo a la demanda de paternidad interpuesta por Albert Solà contra el anterior rey ha llegado al Tribunal Supremo.

Eran las 20:30 del pasado viernes 24 cuando P.A. paseaba con su pareja J.R. por la calle Lopez de Haro, en Madrid. Se encontraron con un grupo de unas 20 personas con camisetas negras y un circulo azul con el logo de “HSM” presumiblemente de “Hogar Social Madrid”. Se produce un cruce de palabras que sin llegar a terminar J.R. y P.A. reciben golpes por el cuerpo al grito de “Maricón de Mierda”.

En la reunión se encotraba el jefe inmobiliario mundial del fondo buitre Blackstone, quien ya tiene cerca de 30.000 viviendas en alquiler en España, se ha quejado de ya de «sobrerregulación discriminatoria» y puede empeorar para sus intereses según sea la orientación del nuevo Gobierno al que Podemos va a presionar para endurecer el control de los alquileres. Según un informe de la PAH, Blackstone está «amasando el suficiente poder sobre el mercado como para permitirse el lujo de influir en las políticas de vivienda con amenazas al Gobierno.

El Consejo de Ministras ha aprobado este viernes el real decreto que modificará la Ley de Memoria Histórica y que permitirá exhumar los restos de Francisco Franco del mausoleo del Valle de los Caídos. El Gobierno pone en marcha así el proceso legal que permitirá al presidente, Pedro Sánchez, cumplir con el compromiso que adquirió el pasado mes de junio.

Pablo Iglesias responde a VOX en la #SesiónDeControl al Gobierno de coalición en el Congreso de los Diputados.

La juez que investiga el caso del máster de Cristina Cifuentes ha imputado a tres profesores por las irregularidades en el curso de posgrado de Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP y uno de los tres militantes que ha anunciado ya su intención de presentar su candidatura para presidir la formación conservadora tras la dimisión de Mariano Rajoy.

Ramón Espinar interroga en la Comisión de Investigación de la Corrupción a Ana Gomendio, gerente del IVIMA cuando se realizó la venta de vivienda pública a fondos buitre.

La Comunidad de Madrid paga a jueces y fiscales a través de Indra. El Gobierno regional abona a través de Indra compensaciones a jueces, fiscales y secretarios por asesorar en mejoras informáticas

Una conversación telefónica grabada por la Guardia Civil pone en evidencia como Zaplana ya sabía que Manuel Moix sería nombrado para el cargo y les decía a González que él controlaría la actividad de la Fiscalía que le pisaba los talones

De Santos está acusado de amenazar a dos reclusos con informar a Prisiones para que no volvieran a salir de permiso si no mantenían relaciones sexuales con él Se le imputa obligar a un joven de 29 años a penetrarle y que le dejara hacerle felaciones y otros dos delitos de agresión sexual por tocamientos a un segundo La Fundación Horizontes Abiertos, afín al PP, contrató y dio poder sobre los presos a De Santos pese a su anterior condena por abusar sexualmente de un menor

Para los/as migrantes, votar se ha convertido en tarea imposible y se encuentran con toda una odisea burocrática de ambigüedades informativas. ¿Por qué está siendo mas complicado votar?. Hoy tratamos el tema en profundidad con María Almena, de la Marea Granate.

Marc, había sido denunciado por acoso más de 20 veces. Finalmente la Justicia confirmó que él en realidad era víctima. Por las falsas acusaciones también le impusieran una orden de alejamiento y le colocaron una pulsera de localización.

Ana Garrido denunció la Gürtel en enero de 2009 pero llevaba ya un año viendo cosas, y nos confesaba que varios trabajadores del Ayuntamiento Boadilla enviaron cartas a Esperanza Aguirre porque pensaban que no era conocedora de lo que estaba pasando allí. Al preguntarle si mereció la pena, Ana Garrido aseguró que “he vivido en una casa de okupa calentando la comida en la calefacción central... Pero a pesar de todo yo lo volvería a hacer. Porque no se ser de otra manera… Me podía haber subido a la rueda y hubiera sido más fácil…”.

'Amores Santos' pretende denunciar “la hipocresía” de la Iglesia en materia sexual.

Un informe de la Fundación Rosa Luxemburgo cifra tres decenas las personas condenadas por actos violentos de extrema derecha, pero con penas que no superan los tres años y medio y sin aplicársele nunca delitos de terrorismo.

La directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, ha dimitido este viernes de su cargo, decisión que se produce un día después de que la Comunidad de Madrid decidiera solicitar entrar en la Fase 1 de desescalada.