La realidad es que los mecanismos internos con los que cuenta ahora mismo el PP no son específicos y, por lo tanto, no se ajustan a la normativa, ya que el protocolo concreto contra el acoso no existe. Si existiese, se debería aplicar a la concejala, como a cualquier persona con una relación de cualquier naturaleza con el partido. Con esa intención se plasmaron en la ley: para que cualquier estructura tenga herramientas para prevenir, actuar y reparar esta forma de violencia, y evitar la impunidad con la que habitualmente se perpetra.
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