El Gobierno ha propuesto una reforma integral del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, con el objetivo declarado de hacerlo más accesible, moderno y equitativo. Bajo la premisa, según opinión del Ejecutivo, de corregir los sesgos estructurales del modelo actual, especialmente, su carácter elitista y las barreras económicas implícitas, la propuesta introduce cambios significativos que, no obstante, merecen un análisis detenido, especialmente en lo que respecta a los posibles riesgos de concentración institucional.
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