El Gobierno laborista empieza a retomar el control de las rutas operadas por empresas privadas, que ya están muy subvencionadas y tienen monopolios en una red cara y plagada de retrasos, cancelaciones y fallos de infraestructura. Del presupuesto público, cerca de 180 millones de euros van cada año a las operadoras privadas para compensar su gestión. Desde la privatización de mediados de los 90, el Estado ha gastado más de 180.000 millones de euros en subvenciones para compañías privadas, es decir, la mitad del gasto público en transporte.
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