El Tribunal Supremo ha avalado la resolución del contrato de alquiler y, por tanto, el desahucio de unos inquilinos que se negaron a pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y la tasa municipal de recogida de basuras durante dos años. El alto tribunal destaca que no es necesario que el contrato fije el importe anual que debe asumir los arrendatarios en relación a estos tributos, de acuerdo a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
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