Las asociaciones en defensa de las discapacidades hablan de un acto aberrante de discriminación. El Gobierno de ultraderecha de Argentina decidió dar marcha atrás con un decreto publicado en el Boletín Oficial por el que establecía que es legítimo llamar "idiota", "imbécil" y "débil mental" a las personas con discapacidad intelectual. La resolución escandalosa formaba parte de los nuevos criterios de evaluación para las personas que pueden acceder o continuar recibiendo una pensión estatal.
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