Según informes recientes, la administración estadounidense ha promovido cambios normativos que reducen o eliminan requisitos de evaluación ambiental para los nuevos reactores avanzados, alegando que son “seguros”. Críticos de organizaciones independientes advierten que esto podría debilitar revisiones de seguridad ambiental y reducir transparencia, lo que podría tener consecuencias negativas a largo plazo para la seguridad nuclear y la confianza pública en Estados Unidos.
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