Cuando un catálogo de una exposición histórica se deja de publicar porque desde un área administrativa se decide que los profesores y catedráticos universitarios deben darse de alta como autónomos para poder cobrar por sus textos para dicho catálogo, es imposible hacer política cultural. Cuando una intervención decide que un contrato de una actividad artística debe hacerlo un área de un ayuntamiento distinta a la que lo propone y luego, cuando se presenta desde el área que han indicado, dicen que no, que lo debe hacer la primera, es imposible.
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