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Actualmente el sistema de generación de electricidad está condicionado a la utilización de diferentes fuentes de energía, entre las que se encuentran materias primas naturales como es el caso del gas.
Una de las consecuencias de la Guerra de Ucrania ha sido el incremento del coste de gas proveniente de Rusia, lo que ha aumentado el precio de su adquisición y a su vez este se ha visto repercutido en la factura de la luz.
Con la publicación del Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista, lo que supone un ajuste de costes en contratos con tarifa variable, los que se producen por cambio de distribuidor o se prorroguen a partir del pasado 26 de abril de 2022.
Estos cambios suponen un incremento en los importes de las facturas de la luz, que en ocasiones se han duplicado o triplicado en empresas del sector hostelero, produciendo un sobrecoste en el suministro energético.
La Federación de Hostelería se reunirá con los representantes de las distintas administraciones con el objeto de aportar y buscar soluciones conjuntas que contribuyan a paliar los aumentos consecutivos de los costes generales e imprescindibles para mantener su actividad económica.
Desde que Karl Marx (e incluso antes) produjo su sistemática crítica estructural al llamado sistema capitalista han habido muchos intentos de moderar o apaivagar las diversas "injustícias" que dicho modo de organización socioeconómico genera allí por donde campa a sus anchas. En las últimas décadas han surgido diferentes intentos de ofrecer a consumidores y productores la posibilidad de actuar en el mercado bajo unos criterios éticos que pretenden superar los perniciosos efectos que la pura maximización de beneficios genera en el mercado y en las sociedades que lo integran. Se trata de iniciativas orientadas a conjugar los principales valores del capitalismo (propiedad privada, libre mercado, etc.) con los valores "superiores" de justicia social y/o medioambiental que van más allá del exclusivo interés egoísta de los operadores en el mercado, que suelen beneficiar al más fuerte y perjudicar al más débil. ¡Hablemos del comercio justo (cojones)!
En este artículo (que espero desarrollar en varias partes), me centraré en el llamado comercio justo social, es decir el que no se centra exclusivamente en cuestiones medioambientales o ecologistas, sino en las socioeconómicas.
En primer lugar, a qué llamamos "comercio justo" (CJ). Si le pregutamos a chatgpt, nos responde esto:
El comercio justo es un sistema comercial basado en principios éticos que busca garantizar condiciones equitativas para los productores y trabajadores, especialmente en países en desarrollo. Su objetivo es promover la justicia social, la sostenibilidad económica y el respeto por los derechos humanos en las transacciones comerciales.
Como decía, la fundamentación del CJ se centra en la "ética" y en la relación entre trabajadores y productores. Aquí, faltaría una parte interesada importante, y es la de los consumidores, los que finalmente adquieren y pagan el producto. Los que deciden vaya. Sin ellos, no hay comercio justo. Podemos asumir que esto se sobrentiende. Bien.
Vemos, que el CJ se circunscribe en los agentes directamente implicados en la producción y comercialización de los productos y servicios. Como mucho, puede llegar a abarcar las llamadas "comunidades" dentro de las cuales se producen. Yo entiendo por ello municipios, barrios, comarcas, regiones (a lo mucho). Esto, en teoría, podría dar lugar a producir x productos en el mismo infierno, y hacerlo bajo criterios de CJ. Otra cosa es que en el infierno (o en la dictadura más cruel e injusta), te permitieran producir bajo tales criterios.
Continuará...
menéame
