Personarse como acusación popular contra la red de pederastas que había violado a una menor bajo guarda de la administración. Fue la respuesta del Govern tras estallar el caso que aceleró la crisis que desde hace tiempo se cocía en la Dirección General de Atención a la Infancia (antes DGAIA y ahora DGPPIA) catalana. Un mes después del anuncio, sin embargo, la actuación legal no se ha producido, según confirma el departamento de Derechos Sociales a elDiario.es.
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