435
A día de hoy, si un usuario te pone en "ignore", no verá si respondes a sus comentarios, pero ese usuario/a sí puede ver los enlaces que subes, votarlos (normalmente de forma negativa y dudosamente justificada) y comentar. Creo que si alguien te pone en ignore debería ser una medida completa, no parcial, de modo que si no puede ver tus comentarios, tampoco debería ver tus enlaces, y mucho menos poder votarlos. Tal y como está ahora mismo menéame en esta cuestión, se prima la cobardía y el ataque gratuito e injustificado., además de la incoherencia.
Sería deseable que se corrigiera este grave error. Quizá algún @admin, @Imparsifal, etcétera lo puedan transmitir a quien corresponda.
Pregunta para las y los usuarios de menéame:
¿Qué opinas sobre esta cuestión?
¿Crees que se debería solucionar esto que planteo?
¿Lo has experimentado en algún momento?
Me ha llegado por 3 amigos/familiares un vídeo musical (rumba navideña) muy bonito (realizado con IA) que esconde mensajes de ultraderecha. De exaltación a "lo de antes", religiosidad católica, nacionalismo excluyente y xenofobia. El vídeo: www.youtube.com/watch?v=zZDoCr_IfvQ . Realizado por Modo Basado modobasado.company.site/
En el panorama político español de octubre de 2025, la fragmentación del espacio progresista contrasta con la creciente consolidación de las fuerzas ultraconservadoras. La dispersión electoral de las izquierdas no es meramente un problema aritmético, sino una crisis de proyecto político que amenaza con entregar las instituciones a quienes buscan desmantelar décadas de avances en derechos sociales, laborales y civiles.
La atomización de las fuerzas progresistas se traduce en una sangría constante de escaños y poder institucional. El sistema electoral español, con su fórmula D'Hondt y circunscripciones provinciales, penaliza especialmente la división. Mientras el bloque conservador optimiza sus resultados presentándose de forma cohesionada o con pactos claros, la izquierda pierde representación provincia tras provincia por la multiplicación de candidaturas.
Las consecuencias son tangibles: gobiernos autonómicos y municipales que podrían ser progresistas quedan en manos de coaliciones de derechas por diferencias de pocos miles de votos. Diputados que se pierden en provincias pequeñas por décimas porcentuales. Políticas públicas que no se implementan porque la suma de votos progresistas, siendo mayoritaria, no se traduce en mayoría parlamentaria.
La fragmentación no solo afecta a los resultados electorales, sino a la capacidad real de incidir en las decisiones que transforman la vida de la ciudadanía. Un espacio político dividido es un espacio político debilitado, incapaz de articular mayorías estables que impulsen reformas estructurales.
La experiencia reciente demuestra que los avances más significativos en derechos laborales, justicia fiscal, transición ecológica o políticas de igualdad se han logrado cuando las fuerzas progresistas han sido capaces de superar sus diferencias y acordar agendas comunes. Por el contrario, la división interna consume energías en disputas estériles mientras las urgencias sociales quedan sin respuesta.
La capacidad de negociación frente a otros actores políticos, sociales y económicos también se ve mermada. Un frente unido de izquierdas puede establecer líneas rojas claras y defender con firmeza sus propuestas. La dispersión, en cambio, invita a estrategias de división y debilitamiento por parte de quienes no comparten el proyecto transformador.
La unidad de las izquierdas no puede ser un ejercicio de uniformidad que diluya identidades políticas legítimas. Debe construirse desde el respeto a la pluralidad, reconociendo que diferentes tradiciones y sensibilidades enriquecen el proyecto común. La convergencia no implica renunciar a matices, sino jerarquizar prioridades y distinguir lo fundamental de lo accesorio.
Una propuesta vertebradora debe articularse sobre ejes programáticos claros:
Justicia social y económica: Defensa de los servicios públicos universales, redistribución de la riqueza mediante una fiscalidad progresiva, protección del Estado del bienestar frente a los recortes y privatizaciones. Garantía de derechos laborales dignos, salarios suficientes y protección social robusta.
Derecho a la vivienda: Reconocimiento de la vivienda como derecho fundamental y no como mercancía especulativa. La crisis habitacional se ha convertido en la principal preocupación de amplias capas sociales, especialmente jóvenes y familias trabajadoras. Una propuesta progresista debe incluir la construcción masiva de vivienda pública en alquiler asequible, regulación efectiva del mercado para evitar la especulación, limitación de los precios de alquiler en zonas tensionadas, prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, tributación más elevada para grandes tenedores y viviendas vacías, y recuperación del parque público mediante compras estratégicas. Sin solucionar el acceso a la vivienda, cualquier proyecto de país se vuelve inviable para millones de personas.
Transición ecológica justa: Reconocimiento de la emergencia climática como prioridad política, acompañada de medidas que aseguren que el coste de la transición no recaiga sobre las clases trabajadoras. Apuesta decidida por energías renovables, transporte público, rehabilitación de viviendas y modelo productivo sostenible.
Derechos civiles y libertades: Blindaje de conquistas en igualdad de género, derechos LGTBIQ+, memoria democrática y libertades fundamentales. Oposición frontal a cualquier retroceso en derechos consolidados.
Democracia participativa y territorial: Profundización democrática mediante mayor participación ciudadana, transparencia institucional y lucha contra la corrupción. Reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español y respeto a las diferentes sensibilidades territoriales dentro del marco constitucional o mediante su reforma democrática.
Política exterior solidaria: Compromiso con los derechos humanos, el derecho internacional y la cooperación frente a las lógicas militaristas y los bloques imperialistas.
Este programa común no necesita borrar las especificidades de cada fuerza política, pero sí exige disciplina en lo esencial: cuando las instituciones estén en juego, cuando los derechos fundamentales sean atacados, cuando las políticas neoliberales amenacen el bienestar colectivo, la respuesta debe ser unitaria.
El crecimiento de la extrema derecha en España no es un fenómeno aislado, sino parte de una ola reaccionaria que recorre Europa y América. Su discurso, basado en la xenofobia, el machismo, la negación de derechos y el autoritarismo, representa una amenaza real para la democracia.
El fascismo del siglo XXI se presenta con traje y corbata, pero su esencia permanece intacta: la construcción de enemigos internos, el desprecio a los valores democráticos, la glorificación de un pasado mítico y autoritario, la persecución de minorías. No podemos subestimar su capacidad de contagio institucional ni su vocación de desmantelar todo aquello que nos hace iguales en dignidad y derechos.
Frente a esta involución, la movilización del electorado progresista es urgente. Pero movilizar no es solo llamar al voto cada cuatro años. Requiere:
Pedagogía política constante: Explicar con claridad qué está en juego, desmontar bulos y falacias, conectar las políticas concretas con la vida cotidiana de la gente. Hacer visible cómo las decisiones políticas afectan al bolsillo, al acceso a servicios, a las oportunidades vitales.
Presencia territorial: Recuperar la presencia en barrios, pueblos y centros de trabajo. La política no puede reducirse a debates televisivos y guerras de tuits. Se hace cuerpo a cuerpo, escuchando, dialogando, organizando.
Conexión con movimientos sociales: Sindicatos, organizaciones ecologistas, feministas, vecinales, juveniles, culturales... El cambio político no se construye solo desde las instituciones. La izquierda debe ser permeable a las luchas que emergen desde la sociedad civil.
Cultura de la esperanza: Frente al discurso reaccionario del miedo, construir narrativas de futuro. Demostrar que otro modelo es posible, que la transformación está a nuestro alcance, que juntos somos más fuertes.
Generosidad política: Abandonar la lógica del adversario interno. Reconocer que quien comparte el 80% de tu programa no es tu enemigo principal. Reservar la confrontación para quienes realmente representan proyectos opuestos.
La unidad de las izquierdas en España no es un lujo ni una opción táctica coyuntural. Es una necesidad histórica ante un momento de definición democrática. La correlación de fuerzas actual exige superar inercias, renunciar a maximalismos estériles y priorizar lo colectivo sobre lo particular.
No se trata de fusionar partidos ni de crear estructuras artificiales condenadas al fracaso. Se trata de establecer pactos claros de no agresión, de coordinación electoral donde sea necesario, de acuerdos programáticos en lo fundamental, de lealtad cuando se gobierna conjuntamente. Y sobretodo, que la confección de las candidaturas tienen que ser procesos 100% transparentes. Cuestión que hasta la fecha y sin excepción forma parte del Debe en el balance de todas las organizaciones políticas progresistas de izquierdas.
El electorado progresista español es mayoritario, pero está desmovilizado, fragmentado, desencantado. Recuperar su confianza implica demostrar que la política puede cambiar vidas reales, que las instituciones sirven para proteger a la mayoría frente a los privilegios de unos pocos, que la democracia es algo más que gestión tecnocrática.
La extrema derecha crece alimentándose del vacío que deja una izquierda ensimismada en sus disputas internas. Cada día que perdemos divididos es un día que ganan ellos para consolidar su proyecto involucionista. La historia nos juzgará no por nuestras diferencias de matiz, sino por nuestra capacidad de unirnos cuando todo lo importante estaba en juego.
El momento es ahora. La unidad, una responsabilidad ineludible. El futuro, por construir.
![El liberalismo se rinde ante el desafío de la extrema derecha, mientras comienza la batalla por su reemplazo [EN]](https://www.meneame.net/backend/media?type=link&id=4118071&version=0&ts=1763338206&image.webp)
Foto: Steve Bannon y Jeffrey Epstein.
Llevamos años escuchando la misma cantinela: "el algoritmo favorece los contenidos de extrema derecha", "las redes sociales amplifican la polarización", "la tecnología está rota". Como si las plataformas digitales fueran criaturas autónomas con voluntad propia, como si los feeds de Facebook o los trending topics de X se generaran por algún tipo de magia oscura e incontrolable.
Es una narrativa cómoda. Despersonaliza la responsabilidad, tecnifica el debate, nos hace creer que enfrentamos un problema de ingeniería cuando en realidad estamos ante una cuestión mucho más antigua y prosaica: el poder del dinero para fabricar consenso.
Cuando hablamos del "sesgo algorítmico" que supuestamente beneficia a la ultraderecha, estamos invirtiendo causa y efecto. No es que el algoritmo tenga preferencias ideológicas programadas en su código. Lo que ocurre es mucho más simple y, a la vez, más preocupante: los algoritmos amplifican lo que funciona, y lo que funciona es aquello en lo que se invierte.
La extrema derecha global no domina el debate digital porque haya descubierto algún truco mágico en el funcionamiento de Twitter o YouTube. Lo domina porque ha construido una infraestructura de comunicación masiva, profesional y extraordinariamente bien financiada. Mientras la izquierda y el centro político debaten sobre la pureza ideológica de sus mensajes o se fragmentan en mil pequeñas causas identitarias, la derecha radical ha entendido algo fundamental: la batalla por el relato requiere inversión constante, coordinación estratégica y, sobre todo, repetición.
Pensemos en la arquitectura real de esta operación. Hay think tanks produciendo contenido sin parar, creando el marco intelectual que luego se simplifica en titulares. Hay fundaciones que financian "periodismo independiente" que casualmente coincide con determinadas líneas editoriales. Hay ejércitos de cuentas —algunas automatizadas, muchas no— que replican, comentan, comparten.
Y hay medios digitales que operan con pérdidas durante años porque detrás hay mecenas dispuestos a asumir el coste como inversión política a largo plazo. El caso de Madrid es paradigmático. La trama destapada en torno a la Comunidad de Madrid y su financiación a medios afines mediante contratos publicitarios millonarios no es una anécdota: es el manual de instrucciones. Medios como OKDiario o Periodista Digital han recibido cantidades desproporcionadas de dinero público —el de todos— para sostener líneas editoriales que casualmente amplifican el discurso del gobierno regional. Miguel Ángel Rodríguez, el gurú comunicativo de Isabel Díaz Ayuso, no ha inventado nada nuevo: simplemente ha aplicado con eficacia la vieja receta de comprar altavoces con fondos públicos y llamarlo "inversión en publicidad institucional".
No hablamos de pequeñas ayudas. Hablamos de contratos que multiplican por diez o por veinte la audiencia real de estos medios, que convierten portales digitales de dudosa credibilidad periodística en actores centrales del debate público. Y lo más importante: lo hacen con absoluta impunidad, porque la línea entre publicidad legítima y compra de línea editorial es tan difusa que resulta casi imposible de perseguir judicialmente.
Hay, en definitiva, una estrategia industrial de producción de contenido y generación de debate. No es espontáneo. No es viral en el sentido romántico de "la gente comparte lo que le emociona". Es ingeniería social aplicada con recursos prácticamente ilimitados.
Y aquí está la clave: cuando inviertes suficiente dinero en producir contenido, en pagar profesionales que sepan envolverlo en narrativas atractivas, en saturar todos los canales posibles de distribución, el algoritmo no tiene más remedio que darte visibilidad. Porque el algoritmo no es juez moral ni árbitro político. Es una calculadora que mide engagement, clics, tiempo de permanencia. Y esas métricas se pueden comprar.
La metáfora del aceite que lo inunda todo es especialmente acertada. No se trata de ganar un debate frontal con argumentos superiores. Se trata de estar en todas partes al mismo tiempo, de manera que ningún tema pueda discutirse sin que su marco interpretativo esté presente. De que cada noticia, cada controversia, cada acontecimiento político se procese automáticamente a través de sus categorías mentales.
No necesitas convencer a todo el mundo. Solo necesitas normalizar ciertas ideas, hacer que ciertos debates sean inevitables, instalar determinadas asociaciones mentales. Y para eso, la saturación funciona mejor que la persuasión. Es la vieja técnica publicitaria aplicada a la política: si ves el mismo mensaje suficientes veces, desde suficientes ángulos diferentes, acabas integrándolo como parte del paisaje natural de las ideas.
Los medios privados, muchos de ellos en crisis económica permanente, son especialmente vulnerables a esta estrategia. Cuando tu modelo de negocio se tambalea, cuando los ingresos publicitarios se han evaporado y la competencia por la atención es feroz, resulta tentador subirse a la ola de lo que "genera conversación". Y lo que genera conversación es, cada vez más, aquello que irrita, polariza, escandaliza. Aquello que, no por casualidad, la ultraderecha financia generosamente.
Mientras tanto, el resto del espectro político sigue comportándose como si estuviéramos en 1985, como si bastara con tener razón, como si la fuerza de los argumentos pudiera competir, en igualdad de condiciones, con la artillería pesada de la manipulación financiada. Hay una ingenuidad casi conmovedora en creer que la corrección factual es un escudo suficiente contra la narrativa bien producida y masivamente distribuida.
No lo es. Nunca lo ha sido en la historia de la propaganda, y no lo es ahora que la propaganda se ha vuelto fractal, omnipresente, algorítmicamente optimizada.
El debate sobre "cómo arreglar las redes sociales" es, en gran medida, una distracción. No hay nada que arreglar en el código. El problema no es técnico. Es político y, sobre todo, económico. Hasta que no estemos dispuestos a hablar claramente sobre quién financia qué, sobre cómo se construyen los consensos artificiales, sobre el papel del dinero en la fabricación de la realidad percibida, seguiremos culpando a algoritmos inocentes de crímenes cometidos por estrategas muy conscientes de lo que hacen.
![La derecha está cambiando las reglas de la guerra cultural [Eng]](https://www.meneame.net/backend/media?type=link&id=4097215&version=0&ts=1757932026&image.webp)
La detención secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores a manos de la administración Trump no es solo un evento telúrico en la política latinoamericana; es el acta de defunción —o al menos el aviso de desahucio— del orden internacional que conocimos tras 1945. Para la izquierda española, este suceso debería ser un baño de realidad helada. Mientras algunos sectores se refugian en un pacifismo de pancarta y manual, la realidad es que el tablero global ha cambiado sus reglas y la democracia liberal, ese marco que nos permitía avanzar en derechos, se está desmoronando por pura inacción y falta de pragmatismo.
Desde ciertos sectores del progresismo en España, persiste una nostalgia por el "no a la guerra" y una equidistancia que, en el contexto actual, roza la negligencia. El pacifismo es un valor ético irrenunciable, pero cuando se convierte en una parálisis estratégica ante regímenes autocráticos o ante el avance de un imperialismo unilateral renovado, deja de ser una virtud para convertirse en una debilidad.
No podemos seguir analizando el mundo con las gafas de los años 70. La democracia no se defiende sola, ni se defiende únicamente con declaraciones institucionales. Si la izquierda quiere ser una fuerza de gobierno y de futuro, debe entender que la seguridad, la soberanía y la fuerza institucional son herramientas necesarias para proteger los avances sociales. Un progresismo que no propone una alternativa de orden democrático frente al caos es un progresismo condenado a la irrelevancia.
La captura de un mandatario extranjero por parte de Estados Unidos rompe el principio de soberanía nacional y nos devuelve a la era del "Gran Garrote". Esto nos sitúa en un escenario donde la ley del más fuerte sustituye al derecho internacional.
¿Qué está haciendo la izquierda europea mientras esto ocurre? Discutir sobre semántica mientras el eje del poder se desplaza hacia modelos autoritarios o personalismos mesiánicos. El pragmatismo dicta que, si no queremos que Trump o cualquier otro líder unilateral dicte el destino de las naciones, Europa —y España dentro de ella— debe construir una autonomía estratégica real. Esto implica:
La democracia liberal está en peligro porque ha dejado de cumplir su promesa de prosperidad y porque se ha mostrado incapaz de defenderse de quienes usan sus mecanismos para destruirla desde dentro (populismos de extrema derecha) o desde fuera (autocracias extractivas).
Para ponerle remedio, el progresismo español debe abandonar el ensimismamiento partidista. Ni el PSOE puede seguir gestionando la inercia, ni las fuerzas a su izquierda pueden vivir en la protesta perpetua. Necesitamos un progresismo de Estado: aquel que entiende que la justicia social sólo es posible en un marco de estabilidad democrática y que esa estabilidad, a veces, requiere decisiones difíciles, pragmáticas y alejadas del idealismo de manual.
La caída de Maduro bajo el brazo de Trump no es una victoria de la libertad; es el fracaso de la política y el triunfo de la fuerza. Al fin y al cabo (a fecha de hoy) ha sido un mero "canje de cromos" donde destacados/as dirigentes del orden chavista permanecen en la autocracia, siempre y cuando acepten el chantaje impuesto del imperialismo de Trump.
Si no queremos que este sea el prólogo de nuestro propio fin, la izquierda debe despertar, dejar de temer al concepto de "poder" y empezar a ejercerlo para proteger lo que tanto costó construir.
Nota editorial: La democracia no es un estado natural de la sociedad, es una construcción frágil que requiere que sus defensores sean, al menos, tan decididos como sus enemigos.
menéame
