El dilema es político y ético. ¿Debe el Estado proteger el derecho constitucional a una vivienda digna o resignarse a que el mercado la trate como un bien de lujo? No se trata de expropiar, sino de recuperar el control sobre un bien esencial que condiciona la vida. Cada casa vacía es un símbolo de un sistema que prioriza la rentabilidad sobre la dignidad. Y cada familia sin hogar recuerda que el problema no es la falta de viviendas, sino la falta de voluntad política para ponerlas al servicio de la gente.

Ya está: las redes sociales y una sociedad que les ha permitido una vida demasiado fácil son los culpables. Nada de pensar que algo habremos hecho mal los padres y la política democrática para que tal cosa ocurra. Los jóvenes es el grupo social peor tratado por la democracia en España, su futuro está en manos de la familia en la que hayan nacido, con lo que se reproducen las desigualdades sociales. ¿Quién puede extrañarse de que los jóvenes están descontentos con la democracia y canalicen su enfado hacia formaciones antisistema?.

Todo apunta a que en 2026 la maldad seguirá campando a sus anchas. Así que vendrán los malos y seguirán con su objetivo de destruir gran parte de lo que la gente de bien ha levantado a lo largo de décadas con sudor, lágrimas y bastante sangre. La iniquidad triunfa cuando impulsa a la gente a dejarse llevar por sus miedos o sus bajos instintos o a refugiarse en la indiferencia, unas tentaciones muy seductoras. Así que, como gente de buena voluntad que son, practiquen la defensa activa (ya saben, la mejor es un buen ataque) donde puedan.