El Gobierno quiere impedir “comportamientos oportunistas” de energéticas que aprovechen las subidas de precios para incumplir sus contratos de entrega de gas al sistema español y mandar los buques a otros destinos. Impondrá multas de hasta 30 millones a las compañías que no atiendan el programa de aprovisionamiento pactado si supone una amenaza para la seguridad de suministro u obliga a operaciones excepcionales para solventarlo.