Los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) libran desde hace meses una batalla soterrada por la elección de una plaza de magistrado en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Se trata del órgano que investiga y juzga a miembros del Gobierno, del Congreso y del Senado y otras autoridades; no en vano, es la Sala que condenó recientemente al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso
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