La gestión sanitaria que está desarrollando el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla se encuentra bajo sospecha. La Fiscalía Anticorrupción investiga a tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por su labor y el presidente de la Junta ha cesado a la interventora general, María Antonia González Pavón, que se atrevió a señalar el exceso de fraccionamiento de contratos millonarios, que pudo derivar en un beneficio para hospitales privados de 300 millones de euros. Ahora, al culebrón se suma de nuevo Bidafarma, donde trabaja su mujer.
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