Estas nuevas normas eliminan la obligatoriedad de contar con estos profesionales y con un Plan de Bienestar Animal elaborado por los mismos. Con la excusa de “reducir la burocracia” el Gobierno ha cedido ante las presiones del lobby ganadero y ha introducido modificaciones normativas que suponen un debilitamiento en el bienestar y la sanidad animal. El Plan de Bienestar Animal también se vuelve optativo. Esto reduce significativamente la exigencia de prevenir el sufrimiento animal de manera sistemática y estructurada.
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