El ayuntamiento ha identificado las propiedades privadas vacías y pretende que estos recursos desperdiciados se destinen a un uso productivo para la comunidad. El ayuntamiento prefiere adquirir las propiedades mediante negociación, pero la expropiación forzosa está disponible como instrumento legal formal si no se puede llegar a un acuerdo negociado. Las autoridades pueden utilizar legalmente esta vía para adquirir los terrenos o propiedades necesarias para generar un cambio positivo en beneficio del bien común.