Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es que rechaza expresamente la aplicación de la doctrina de los actos propios —según la cual una Administración no puede actuar de forma contradictoria con su conducta anterior si ello genera una expectativa legítima—. El tribunal entiende que el Ministerio del Interior vulneró esa doctrina, ya que había mantenido una línea coherente de propuestas favorables al distintivo Rojo para agentes que participaron en misiones similares, y que incluso en este caso los mandos propusieron esa distinción.