El capital financiero controla ya unos 100.000 millones de euros en tierras agrícolas en España, impulsando un modelo donde los nuevos propietarios —fondos, corporaciones y grandes fortunas— gestionan fincas a distancia. Esto ha provocado una desvinculación entre tierra y territorio, una gestión estandarizada y pérdida masiva de empleo rural. Aunque llegan miles de millones al campo, no repercuten en la población local, generando uniformidad productiva, volatilidad en precios como el aceite y una España rural cada vez más vaciada