Organizaciones ecologistas exigen "una política más ambiciosa” para proteger animales terrestres y marinos amenazados, que “suelen quedar aparte” de regulaciones comparados con los domésticos. Los salvajes están más desprotegidos ante riesgos como tráfico ilegal, especies exóticas invasoras -que proliferan “por la irresponsabilidad del mascotismo”- o pérdida y destrucción de biodiversidad en zonas rurales, su mayor amenaza. En su día España se comprometió a dedicar en 2030 el 3% del territorio a espacios protegidos, hoy no llega al 0,6%.  
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