Las activistas aseguran que el centro está "imponiendo" una objeción de conciencia institucional de base religiosa que "más allá de ser una forma de coerción desde las instituciones, es totalmente ilegal". De hecho, el centro nunca ha facilitado la lista de objetores de conciencia que, según la legalidad, debería existir para garantizar todos los derechos. El Hospital de Sant Pau no ha respondido a las preguntas de este medio.
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