Esta nueva operación contra la corrupción se lleva a cabo en ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Asturias y Castilla León y se prevén más de 60 detenciones. Además, varios consistorios municipales están siendo registrados en busca de contratos irregulares en la gestión de las multas y la regulación del tráfico con semáforos. Detrás habría delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
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