En España el rey puede matar, violar o practicar la pederastia sin ser perseguido penalmente. El artículo 56 de la Constitución declara su inviolabilidad, lo cual significa que ningún juez podrá condenarle aun cuando cometa el delito más execrable. Es más, ni siquiera se le puede demandar en vía civil para (por ejemplo) pedir que se haga cargo de una hija no reconocida. Por tanto, el rey está por encima de la Justicia.

Del mismo modo, el Código Penal dispone que quien "calumniare o injuriare al Rey o Reina a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe o Princesa de Asturias, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son".

Si las injurias se dirigen contra un ciudadano normal, solamente implicarán una multa de seis a catorce meses.

Por tanto, en España el rey puede pisarte el hígado y bailar sobre él. Aunque te lo reviente, nadie le condenará. Pero si tú, presa del dolor, le llamas "hijo de perra", tendrás pena de cárcel.

Lo anterior se vuelve de rabiosa actualidad debido a la pena de cárcel contra el rapero que llamó ladrones a los borbones. Independientemente de los trapicheos que en diversos foros se imputan a Campechano (cobro de comisiones millonarias por sus "labores de representación" en beneficio de multinacionales y gobiernos como el saudí), entiendo que muchos españoles consideren ladrones a los borbones. Los casi 8 millones de euros que se funde la Casa Real al año, unidos a sus sueldazos por no hacer nada, justifican que, dentro de una legítima crítica política, entendamos y afirmemos que nos roban.

Se puede discutir si la afirmación de que son unos ladrones excede o no los límites de la libertad de expresión. Pero lo indiscutible es que una crítica política subida de tono no puede implicar cárcel. Nos lo dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta sentencia, que era una petición a voces para que se aboliese el delito de injurias a la Corona.

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Pero el Gobierno no hizo caso, y se sigue encarcelando a gente por aplicación de este delito.

Es triste que, a pesar de las presiones europeas, nuestros prebostes sigan empeñados en que las reminiscencias de la España arcaica, cerrada y enmohecida sigan contaminando y condicionando nuestro futuro. Por su culpa, el Spain is different proclamado por Franco sigue siendo una realidad.