La idea sonaba perfecta: trabajar desde casa para una gran tecnológica, sin mudarse, sin fronteras, con horarios flexibles y sueldo internacional. La realidad resultó ser mucho menos digital: el marco legal español convirtió ese ideal moderno en un rompecabezas burocrático. Según la ley, trabajar desde casa en España equivale a trabajar físicamente en España. Eso significa que una empresa extranjera que quiera contratar a un desarrollador español tiene que cumplir con las mismas obligaciones fiscales y laborales que si abriese una oficina aquí.
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