La presión de Bove, que dirigió la defensa de Trump en el caso Stormy Daniels y fue recompensado por el republicano con el segundo puesto de Justicia, no es la primera de la que se tiene constancia a funcionarios de carrera, fiscales e investigadores. Un juez federal consideró que las exigencias de Bove no estaban justificadas y podían violar la Primera Enmienda, que protege la libertad de opinión, algo que estudiantes, docentes y organizaciones civiles vienen denunciando desde hace meses.
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