En municipios como Alicante, donde el PP está al mando junto con Vox, se ha aprobado un cambio de estatus lingüístico que clasifica a la ciudad como de predominio castellano, modificando así su consideración anterior dentro de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano. Este cambio implica que el valenciano pierde peso institucional y simbólico en la administración local y en la educación, lo que ha generado críticas de asociaciones culturales y lingüísticas.
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