El 3 de marzo el diario La Razón publicaba una amplia información titulada La conspiración de los 33 jueces soberanistas. El rotativo informaba del manifiesto que una treintena de magistrados catalanes habían firmado a favor del derecho a decidir, en el que defendían la constitucionalidad de una consulta. Identificaba cada uno de los firmantes con una fotografía. Veintidós dos de las imágenes eran extraídas de sus DNI. (Notícia íntegra en el 1er comentario, por ser contenido de pago)
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"El 3 de marzo el diario La Razón publicaba una amplia información titulada La conspiración de los 33 jueces soberanistas. El rotativo informaba del manifiesto que una treintena de magistrados catalanes habían firmado a favor del derecho a decidir, en el que defendían la constitucionalidad de una consulta. Identificaba cada uno de los firmantes con una fotografía. Veintidós dos de las imágenes eran extraídas de sus DNI. Los jueces afectados por la publicación interpusieron una querella por revelación de secretos. Consideraban que las fotografías sólo podían haberlas extraído con una presunta "entrada irregular en archivos" de la Policía Nacional, encargada de expedirlos. El juzgado de instrucción 22 de Barcelona admitió a trámite la denuncia y llamó a declarar como testigos agentes de la Brigada de Información de la policía española, que reconocieron haber consultado la base de datos del DNI para investigar los magistrados y su vinculación con el manifiesto a favor del derecho a decidir. Meses después se ha constatado que los hicieron informes de tipo político, y que se excedieron de sus funciones.
Fuentes jurídicas cercanas al caso consultadas por el ARA aseguran que el argumento de los cuerpos de seguridad a la hora de elaborar este informe era comprobar si realmente los firmantes eran "personas existentes" y jueces. Teóricamente, la policía había extraído la información de fuentes periodísticas y de las redes sociales.
Reuniones, jazz y militancia política
Los jueces afectados recibieron hace unos días, como parte de la querella, el informe que la Brigada de Información había elaborado. El documento policial comienza, explican, haciendo referencia en febrero del 2014, cuando los agentes ya sabían que se gestaba un manifiesto a favor del derecho a decidir que se acabó publicando en marzo. El informe señala que un conjunto de jueces mantuvieron reuniones periódicas, también en la Ciudad de la Justicia, para valorar si se posicionaban a favor de la legalidad de una consulta en el marco legal español y de acuerdo con las "vías constitucionales "que el Instituto de Estudios Autonómicos había identificado. "La información hace evidente que nos seguían", denuncia el ARA uno de los jueces.
Tras una primera introducción, el documento policial identifica los firmantes. Incorpora la foto de cada uno de ellos, la dirección y varias informaciones sobre sus antecedentes profesionales e ideológicos. Según fuentes del caso, del informe policial se puede deducir que "hay jueces que les interesan más que otros". Los que han tenido acceso al informe detectan una "falta de rigor" en su elaboración, y explican que hay una mezcla de información veraz y detalles que no son ciertos. Por ejemplo, dicen que un juez "era miembro del Tribunal Superior de Justicia, pero lo era de la Audiencia", o colocaban un juez que ejercía en Tortosa en el juzgado de primera instancia de Lleida. Otras informaciones del informe se referían a la vida privada de los magistrados. Por ejemplo, se explica que una de las jueces es aficionada a la música jazz y que "comparte intereses" con la izquierda catalana y los colectivos antifascistas.
La profesionalidad en duda
Sobre los antecedentes ideológicos de los jueces pro consulta, el informe recoge información relacionada con la política. Dice que una de las jueces fue "candidata a ministra de Justicia por el PSOE", que uno de los magistrados "dirigirse a la secretaría de ERC para solicitar ser militante" en 1998, que otro tiene preferencias por Proceso constituyente o que una de las firmantes es una "distinguida juez a favor de los derechos humanos". También señalan magistrados que han apoyado manifiestos por la independencia judicial, la abolición de la prostitución, en contra de la política criminal del PP o la tortura. Por otro lado, también pone el foco en el activismo a favor de la lengua de algunos magistrados como miembros de la plataforma Juristas en defensa de la lengua propia, de quien alerta de que "comparte la sede con Òmnium". Según uno de los jueces afectados, el documento policial "parece querer poner en duda la profesionalidad" de los magistrados en sus funciones. No entiende que aportan los datos a la investigación.
Aunque todas las fuentes consultadas admiten que investigar es una de las funciones naturales de la policía, también indican que el informe genera "malestar" porque nace a raíz de un simple manifiesto embargo, por ahora, "no es un delito".