A pesar de que en marzo el Parlamento Europeo, tras seis meses de trabajo y comparecencias, consideraba probada la existencia de programas de vigilancia masiva e indiscriminada por parte de Estados Unidos y concluía que estos constituían nada menos que “una seria injerencia en los derechos fundamentales de los ciudadanos” y que, por tanto, debían prohibirse, las consecuencias políticas se hacen esperar.