El caso de los 35 detenidos durante los disturbios del 25S en el Congreso se ha convertido ya en un auténtico sainete jurídico-policial-político de difícil explicación, incluso para los más doctos juristas. El jueves por la noche la juez de Instrucción número 8 de Madrid -ante la que, tras un rocambolesco periplo, acabaron los detenidos después de casi dos días en los calabozos- se incorporó a esta ceremonia de la confusión con sus desconcertantes autos.
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Nadie se acercó a menos de 50 metros de las puertas del Congreso.
Los parlamentarios han declarado que no fueron molestados en absoluto, ni durante su trabajo ni durante el acceso al edificio, excepto por la policía que se empeño en pararlos y pedirles su acreditación de forma reiterativa.
Acusarlos de, cito "invadan con fuerza violencia o intimidación" el Congreso; a "los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones ante el Parlamento alterando su normal funcionamiento"; o a los que "portando armas u otros instrumentos peligrosos, intentaren penetrar" en una sede legislativa Eso no tiene ningún sustento legal.
Participar en la manifestación del 25S tampoco es punible ya que fue previamente autorizada por la delegada del gobierno, pues en este caso la tal delegada habría cometido prevaricación y tendría que ser juzgada.
Agresión a la policía y resistencia a la autoridad tampoco tienen base ya que El Pais publicó un vídeo en el que la policía detiene a uno de los suyos, un policía encubierto de los muchos que había. O bien este policía agredió a sus compañeros y era un provocador lo que prueba la presencia de provocadores policiales en la manifestación quitando toda legitimidad a la posterior actuación de la policía o bien, si no hizo nada de esto, es prueba que las detenciones eran totalmente aleatorias y el resto de los detenidos han de ser liberados sin cargo.