Los abogados y abogadas del turno de oficio de la Comunidad de Madrid están defendiendo su caso más importante: la dignidad de su labor. Desde hace meses se están movilizando para plantar cara a la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia a la que acusan de pretender la privatización indirecta de un derecho fundamental como es la justicia gratuita. En juego, la asistencia legal en comisarías y juicios para quienes no tienen ingresos suficientes para un abogado particular.