Las noticias sobre el deterioro y pudrimiento del grupo Nueva Rumasa, se ha convertido en un folletín al que se han enganchado expectantes, la opinión publica, la fiscalía, y lo que resulta más preocupante e inexplicable, la Seguridad Social. La Fiscalía de Delitos Económicos, según filtran medios de comunicación, sospecha de la existencia de delitos de blanqueo de capitales, de estafa, de alzamiento de bienes, y falsedad de documentos públicos. Asuntos muy graves, que necesitan de una intervención judicial, y llevan bastante tiempo.
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Y en el estado agónico en que se encuentra el grupo, sorprende que la dirección política de la Seguridad Social, siga esperando “acontecimientos”. Cuando los bancos han pasado a solicitar ejecuciones de garantías; cuando los fondos de inversión “buitres”, acostumbrados a entrar en empresas con graves problemas, han desistido de entrar en el grupo; y cuando se acumulan incumplimientos de moratorias concedidas por la propia Seguridad Social, esperar a que se materialice, un Convenio Voluntario con los Acreedores (objetivo presunto del preconcuro), es una actitud cínica, e irresponsable de los servidores públicos.
¿A que espera la Seguridad Social, para tutelar eficazmente los intereses públicos asociados a los 45 millones de euros que el grupo debe a la Seguridad Social?, ¿Qué razones están detrás de la espera a que se pulvericen en el transcurso de los cuatro meses de preconcurso los valores industriales, productivos, y comerciales de las empresas (Clesa, Carcesa, Royne, Dhull,…)?. ¿A que consideraciones esta atendiendo el responsable de la Seguridad Social, y su tutor político el Ministro de Trabajo, para proceder cuanto antes a instar el concurso necesario a los juzgados de lo mercantil que han recibido las solicitudes de preconcurso?.