El Ayuntamiento de Alicante ha tenido que recurrir a un crédito para pagar algunas facturas pendientes. Lo más relevante, sin embargo, es que los recibos impagados son de servicios realizados el pasado julio por la empresa Inusa SA, participada por el empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal. En concreto, el consistorio ha pedido una ayuda de 2,7 millones para hacer frente a estos retrasos.
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