Con el fin de facilitar la transparencia administrativa y la lucha contra la corrupción, la legislación española ha aprobado una serie de medidas dirigidas a evitar el fraude fiscal y a la Seguridad social. En este sentido, la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, introduce importantes modificaciones normativas, que afectan tanto al ámbito público como al privado, y que obligan a revisar los calendarios de conservación y destrucción de documentos.
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