El Gobierno aragonés ha ordenado el cierre de nueve residencias de ancianos, todas ellas privadas. Se trataba de pisos que eran utilizados como centros geriátricos, que tenían licencias pero sobre las que pesaban expedientes de cierre desde hacía años. Sin embargo, los mantuvo paralizados durante el anterior Ejecutivo regional, presidido por el socialista Marcelino Iglesias.
NO sólo debería cerrar las residencia sino poner multas monetarias y quizá de inhabilitación a los gerentes de dichas residencias. No podemos permitir el maltrato, como la desatención, de nuestros mayores.
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NO sólo debería cerrar las residencia sino poner multas monetarias y quizá de inhabilitación a los gerentes de dichas residencias. No podemos permitir el maltrato, como la desatención, de nuestros mayores.
¿Y no habría sido mejor multar a los responsables devolviendo el dinero cobrado, expropiar las residencias y hacer que funcionasen como deben?