Asturias acaba de registrar el primer caso en España de una sentencia judicial que declara la nulidad de un contrato de venta de obligaciones subordinadas por una entidad financiera a dos clientes y obliga a la institución de crédito a restituir el capital invertido, abonar los intereses legales correspondientes al período comprendido entre la presentación de la demanda y la resolución judicial y a afrontar las costas judiciales.