Desde hace algún tiempo, y en especial durante este último año, se viene observando en España una degradación vertiginosa en política medioambiental propiciada por una batería de medidas legislativas que, al igual que sucede con otros sectores como la sanidad o la educación, tratan de satisfacer determinados intereses privados aprovechando la conyuntura de la crisis económica. Inmersas en este frenesí privatizador, las administraciones están sacado adelante medidas que incluso hacen peligrar la estructura ambiental de este país.