La crisis está llevando a algunas empresas a intentar recuperar de manera desesperada deudas pendientes, aunque sean irrisorias. Desesperada y en algunos casos ilegal. Lo está constatando la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic) de Barcelona, que durante los últimos meses del 2008 recibió cerca de un centenar de denuncias de barceloneses a los que se les habían reclamado pagos que ya habían prescrito, algunos por importes que no superaban ni los 40 euros por alguna compra realizada más de cinco años atrás y sin reclamar.