La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha alertado sobre la necesidad de establecer ciertos límites a la contención del gasto social, con el objetivo de "no poner en peligro a los más vulnerables e indefensos" y advierte de un incremento de quejas relativas a las prestaciones sociales, en especial las que afectan a las rentas mínimas reguladas por las comunidades autónomas.