La Conselleria de Bienestar Social se ve obligada a dictar cada mes 150 resoluciones para informar a padres, de los que se desconoce su paradero, sobre cuestiones que afectan directamente a sus hijos, que forman parte del sistema de protección de menores de la Generalitat tras la pérdida de la tutela, ya se dicte de oficio o por resolución judicial. La cifra desvela una durísima realidad: hay progenitores que se desentienden del futuro de sus hijos.