La Comisión Europea ha amenazado a España con una multa por no recortar los poderes de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que han sido declarados ilegales por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE). Estas competencias, aprobadas por decreto en febrero de 2006, permitieron al regulador energético español imponer condiciones a los proyectos de adquisición de E.ON y de Enel y Acciona sobre Endesa.