La emancipación de los jóvenes se establece como el principal objetivo de esta Ley, pero a su vez, supone un importante apoyo a la actividad y el empleo en el sector de la construcción, ya que las todas las administraciones públicas, fundamentalmente ayuntamientos y Gobierno regional, deben impulsar nuevas promociones de viviendas protegidas en las zonas donde exista una demanda de vivienda. Además el sistema de garantías también contribuirá a fomentar el mercado del alquiler.