Las certificaciones de calidad se pensaron para medir los estándares de enchufes, muebles, coches... de ahí no deberían haber salido nunca. Pero la derecha europea vio el filón y no lo dejó escapar, decidió que valía también para gestionar los servicios públicos. Ya hace más de un lustro que se viene aplicando en Sanidad y ahora le toca a la Educación. Por un lado uno certifica lo que le da la gana. Por otro hay amparo legal para hablar en sentido estricto de calidad. Además las certificadoras no son públicas.
Comentarios
No me decidía por la entradilla de #0 o esta, así que también la dejo por aquí:
"Hace pocos años, mientras la ciudad de Pontevedra se manifestaba masivamente por el olor a repollo podrido al que sometía a la ciudad la papelera de Ence, la empresa salió a los medios para decir que era mentira, porque “estaba acreditada por AENOR”. Después supimos de forma casual que lo que estaba acreditada era la gestión económica."
La certificadora no es pública y además nos cobra una pasta por algo que debería ser obvio en los servicios públicos que están sujetos a una legislación muy específica.